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Los sistemas de control de datos biométricos de entrada han estado en el foco de la polémica desde que se obligó a las empresas a registrar la jornada de los empleados. Su normativa ha estado sujeta a guías, normativas e incluso leyes, que no han dejado de cambiar y complicarse desde sus inicios, creando inseguridad jurídica que puede desembocar en severas multas.
Por resumir la última polémica en cuatro palabras: si una empresa utiliza un sistema de reconocimiento de huella dactilar para fichar en la entrada o salida, estaría incumpliendo la normativa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y la empresa podría ser sancionada porque utilizar la huella dactilar es ilegal incluso cuando el empleado ha dado su consentimiento de uso. Pero, tal y como destacan desde Audens, no siempre lo ha sido.
En julio de 2007 el Tribunal Supremo dictaba sentencia considerando que utilizar la huella dactilar para el control horario no era una medida excesiva, y el uso a esta tecnología no estaba limitado por norma alguna. En noviembre de 2012 se aplicaban cambios en el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015 indican que “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales”. Es decir, que el empresario podía continuar usando el registro de jornada por huella dactilar de forma legal.
En 2016 se publica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y en él se incluyen los sistemas de identificación por huella dactilar y datos biométricos como “categoría especial”, diferenciando los usos de “identificación” y “autenticación”. El RGPD dice: “Sin embargo, y con carácter general, los datos biométricos únicamente tendrán la consideración de categoría especial de datos en los supuestos en que se sometan a tratamiento técnico dirigido a la identificación biométrica (uno-a-varios) y no en el caso de verificación/autenticación biométrica (uno-a-uno)”.
Esto implica que el sistema de registro de jornada por huella dactilar vendría a verificar la identidad de un empleado previamente registrado está presente, con lo cual no incurre en los supuestos de identificación sino en los de autenticación, quedando fuera de “categoría especial”. Por lo tanto, en este supuesto, el registro por huella dactilar todavía se ajusta a la doctrina del Tribunal Supremo y mantiene su legalidad.
En abril de 2023, el Comité Europeo de Protección de Datos confirmó unas directrices que tiraban por tierra las instrucciones del Tribunal Supremo y de la Agencia Española de Protección de Datos. En estas directrices se unifica el criterio de Autenticación y e Identificación que la AGPD había mantenido separado metiendo a ambos en “categoría especial” para el tratamiento de datos.
El artículo 12 de esta directriz del Comité Europeo de Protección de Datos dice: ”Si bien ambas funciones (autenticación e identificación) son distintas, ambas se relacionan con el procesamiento de datos biométricos relacionados con una persona física identificada o identificable y, por lo tanto, constituyen un tratamiento de datos personales, y más concretamente un tratamiento de categorías especiales de información personal”.
Con la nueva interpretación de la AEPD, debe sustituirse un sistema de registro de huella dactilar o por reconocimiento facial por una persona que controle y verifique el acceso o cualquier otro sistema de que no implique el uso de sus datos biométricos. Su aplicación es inmediata, por lo que cualquier empresa que utilice este sistema de reconocimiento biométrico en 2023 puede ser sancionada por la AEPD, sin importar que cuando se instalara dicho sistema fuera legal.
FUENTE: Andrés, Rubén. »Fichar con la huella dactilar en el trabajo era legal. En Europa han decidido que ya no lo es y amenazan con multar» Xataka.com.
