COLOMBIA: A HACER LA TAREA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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Debido a los resultados del Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda del GAFILAT y el FMI, Colombia bajo ostensiblemente en la calificación del Índice Antilavado de 2019 de Basilea

El Índice Antilavado (AML) de Basilea es el único índice independiente basado en la investigación emitido por una organización sin fines de lucro que clasifica a los países de acuerdo con su riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LA/FT). El Índice proporciona puntajes de riesgo basados en la calidad del marco de lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo de un país y los factores relacionados tales como niveles percibidos de corrupción, estándares del sector financiero y transparencia pública.

El objetivo principal del Índice Antilavado (AML) de Basilea no es clasificar a los países superficialmente en comparación con otros países, sino proporcionar una imagen general de los niveles de riesgo de los diferentes países y servir como una base sólida para examinar el progreso de cada país a lo largo del tiempo. El Índice AML de Basilea evalúa los factores estructurales mediante la cuantificación de los indicadores regulatorios, legales, políticos y financieros que influyen en la vulnerabilidad de los países al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La edición del Índice Antilavado (AML) de Basilea 2019[1], emitido esta semana por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Basel Institute on Governance) cubre 125 países con datos suficientes para calcular un puntaje de riesgo LA/FT confiable. Se enfoca en cinco aspectos:

1. Calidad del marco antilavado y contra la financiación del terrorismo.

2. Soborno y corrupción.

3. Transparencia financiera y estándares.

4. Transparencia pública y rendición de cuentas (Accountability).

5. Riesgos legales y políticos.

Para entender este índice, el mejor país en el año 2019 fue Estonia con una calificación de riesgo de lavado de activos de 2.68 ocupando el puesto número 125 y el peor país en el año 2019 fue Mozambique con una calificación de riesgo de lavado de activos de 8.22 ocupando el puesto número 1.

Colombia ocupa en el año 2019, el puesto 43 entre 125 países del peor país al mejor país en materia LA/FT y el puesto 83 si lo analizamos del mejor país al peor país.

Colombia, Letonia, Finlandia y China mostraron el mayor deterioro en las puntuaciones de riesgo LA/FT.

En este gráfico presentamos la clasificación de los 5 mejores países, la clasificación de Colombia y la clasificación de los 5 peores países:

Fuente: https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel%20AML%20Index%202019.pdf

Colombia ha bajado ostensiblemente su calificación en los últimos tres años, pasando del puesto 21 en 2017, al puesto 27 en 2018 y al puesto 83 en 2019.

Al explicar la caída estrepitosa de algunos países (entre ellos Colombia) en el Índice de 2019, el Instituto de Basilea sobre Gobernanza explica:

“Colombia, Letonia, Finlandia, China y Lituania han caído significativamente en la clasificación debido a un aumento en la categoría de riesgo de LAFT después de haber sido sometidos a una evaluación del GAFI basada en la metodología de la cuarta ronda. El puntaje de riesgo del GAFI de Colombia aumentó bruscamente de 2.72 a 5.57, el de Letonia de 3.26 a 5.87, el de Finlandia de 3.26 a 4.77, el de China de 4.63 a 6.23 y el de Lituania de 3.68 a 5.33.

Esto puede, pero no necesariamente tiene que indicar, un deterioro repentino y dramático en los riesgos de LAFT de los países. Es más probable que señale lagunas de larga data en relación con la eficacia del marco antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) del país en cuestión que solo se han resaltado con la nueva metodología del GAFI. Esto representa una oportunidad para que estos países llenen estos vacíos, así como una llamada de atención para que todos los países se centren en la eficacia y no solo en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI.” (el subrayado es nuestro)

Fuente: https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel%20AML%20Index%202019.pdf

Los Informes de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son un indicador clave en el Índice ALD de Basilea, y evalúan el marco legal e institucional antilavado y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) de un país y la implementación de medidas ALD/CFT en línea con las 40 Recomendaciones del GAFI. La metodología del GAFI fue revisada en 2013 (Cuarta Ronda de Evaluaciones) para enfatizar no solo el cumplimiento técnico de las Recomendaciones sino la efectividad de los sistemas ALD/CFT.

La abrumadora mayoría de los países evaluados en la Cuarta Ronda de las Evaluaciones hasta ahora, en el Índice AML de Basilea, han recibido puntajes dramáticamente más bajos en cuanto a efectividad que en cumplimiento técnico. Esto también ha tenido un gran impacto en su desempeño en el Índice AML de Basilea, que evalúa los resultados de los países en cuanto a su efectividad, el doble de importantes que sus resultados en cumplimiento técnico.

Esta apreciación del Instituto de Basilea sobre Gobernanza pone el dedo sobre la llaga al afirmar que lo más probable es que no nos habíamos dado cuenta de la eficacia de nuestro modelo antilavado y contra la financiación del terrorismo y que deberíamos aprovechar para hacer la tarea eficientemente y no solo en el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Dentro de las conclusiones generales y el análisis de la información obtenida del Índice Antilavado (AML) de Basilea 2019, se encuentran las siguientes:

Los sistemas antilavado y contra la financiación del terrorismo siguen siendo en gran medida ineficaces.
Los países están avanzando en la cooperación internacional y el uso de la inteligencia financiera.
Los países deben mejorar en la supervisión de las autoridades reguladoras y la implementación de medidas preventivas.
La transparencia de los beneficiarios reales sigue siendo un punto de conflicto.
El reporte de transacciones sospechosas es bastante efectivo, pero no es seguido de condenas judiciales.

En Colombia deberíamos analizar en detalle cada una de estas conclusiones y trabajar arduamente para mejorar nuestro sistema antilavado y contra la financiación del terrorismo.

Como lo menciona el Índice, debe tenerse en cuenta que, como lo ilustran los últimos casos de lavado de dinero de alto perfil, incluso los países de bajo riesgo no son completamente inmunes a los riesgos de lavado de dinero o a los daños resultantes de delitos financieros. Los delincuentes prueban constantemente la capacidad de recuperación de las instituciones financieras y públicas y por este motivo deben permanecer en el radar para analizar los riesgos de LA/FT.

A este respecto, la opacidad de los beneficiarios finales y/o reales y/o legales sigue siendo una cuestión clave en todos los países y requiere una respuesta coordinada a nivel internacional. El Índice AML de Basilea está buscando las formas de mejorar la cobertura de datos para los riesgos asociados con la titularidad no transparente. Lo mismo se aplica a los riesgos asociados con el aumento de los volúmenes del comercio internacional. El lavado de dinero basado en el comercio internacional está recibiendo cada vez más atención y se está buscando la mejor manera de reflejar esta tendencia y posiblemente otras tendencias emergentes en el futuro.

Si revisamos la clasificación de los países latinoamericanos en el Índice AML de Basilea de 2019, se presenta así:

En el Índice de 2018, Colombia se clasificó en quinto lugar en Latinoamérica:

En el Índice de 2017, Colombia se clasificó en el primer lugar en Latinoamérica:

Como vemos anteriormente en estas gráficas nos damos cuenta de que la caída de Colombia en el Índice en los últimos años ha sido vertiginosa y cabría preguntarse si el anterior gobierno en los últimos años hizo la tarea o si simplemente antes de la visita de GAFILAT y el FMI en Junio de 2017, el gobierno solo se preocupó por adaptar su legislación a la normativa internacional sin importar los resultados en cumplimiento técnico. Es interesante, por decir lo menos, que si analizamos la normativa vigente en los organismos reguladores (Superintendencias, Dian, Coljuegos, MinTic, etc.) toda la normativa fue actualizada unos meses antes de la visita de GAFILAT y el FMI y no sabemos si sólo lo hizo por cumplir.

Si por el contrario, en Colombia, aplicamos bien la recomendación del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, deberíamos dejar de emitir normas y regulaciones antilavado y contra la financiación del terrorismo por el simple hecho de emitirlas y de cumplir con la normativa internacional y más bien trabajar conjuntamente entre los reguladores y los sujetos obligados para entender primero el objetivo de la norma, entender la realidad, las actividades y operaciones de los sujetos obligados y luego si emitir la normativa y después de un tiempo prudencial medir la eficacia y eficiencia de la norma y presentar los resultados.

Una prueba del anterior planteamiento es que ya varias superintendencias y reguladores en Colombia, han emitido regulación sobre el Riesgo de Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) para adaptarse a la normativa internacional, pero ni el regulador ni los sujetos obligados tienen claro el riesgo FPADM ni mucho menos la implementación del sistema, ni los controles, ni el seguimiento, etc. A este respecto, por ejemplo, se debería seguir lo establecido en la Guía del GAFI en la Lucha contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FATF Guidance on Counter Proliferation Financing [2]) e implementar el sistema.

Como podemos observar, Colombia debe hacer un esfuerzo titánico para mejorar su sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, no solo por mejorar su calificación y su ranking en el Índice Antilavado (AML) de Basilea sino porque verdaderamente desea mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el país y para eso se necesita voluntad política de todos los involucrados en esta lucha.

No podemos seguir ignorando las “red flags” emitidas por diferentes organismos internacionales que ya nos habían alertado de los problemas que tenía nuestro sistema antilavado y contra la financiación del terrorismo.

Por ejemplo, en el Volumen II de Lavado de Dinero del Informe de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos de Estados Unidos (Volumen II Money Laundering del United States International Narcotics Control Strategy Report[3]) emitido en Marzo de 2019 refiriéndose a Colombia se decía lo siguiente:

“Colombia tiene uno de los sistemas de antilavado (AML) más rigurosos de América Latina, pero el lavado de dinero existe en toda su economía, especialmente en lo que se refiere al producto del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y la corrupción. “

“Colombia cuenta con un riguroso marco legal, político y regulatorio antilavado. Si bien la regulación del sector financiero del gobierno colombiano es sólida, su regulación de otros sectores (en particular el comercio, las empresas de intercambio de dinero y los sectores privados) es inconsistente. El regulador del sector financiero está trabajando para expandir su enfoque basado en el riesgo a la regulación ALD a otros sectores.” (el subrayado es nuestro)

De acuerdo con el anterior informe, es evidente que, aunque reconocen lo riguroso de nuestro marco legal, político y regulatorio antilavado y que la regulación del sector financiero es sólida, en los otros sectores de la economía es inconsistente y para nadie es un secreto que esa apreciación es correcta.

Consideramos y así lo hemos manifestado en varias ocasiones, que el hecho de que Colombia y sus instituciones que luchan contra el lavado de activos y financiación del terrorismo sean considerados como un referente a nivel internacional en esta materia nos ha hecho algún daño porque consideramos que nuestra legislación y nuestras iniciativas antilavado y contra la financiación del terrorismo son perfectas y hemos descuidado la medición de la eficiencia y eficacia de dichas medidas y regulaciones. Es decir, que en el papel tenemos una de las mejores legislaciones antilavado y contra la financiación del terrorismo pero no estamos muy seguros si efectivamente dicha legislación se cumple.

Otros de los aspectos importantes considerados en el Índice Antilavado (AML) de Basilea 2019, son los indicadores, que cubren la corrupción (medido por Transparency International – Índice de la Percepción de la Corrupción (CPI)) y el soborno (medido por la organización TRACE International – TRACE Bribery Risk Matrix). La corrupción y el soborno son delitos fuentes del lavado de dinero. Los países con alta exposición o vulnerabilidad a la corrupción corren un mayor riesgo de lavado de dinero, ya que las ganancias de la corrupción deben ser lavadas.

El soborno, definido como un flujo ilícito de dinero de una entidad privada a un funcionario público a cambio de que se le otorgue un servicio gubernamental, es una forma importante de corrupción. Genera cantidades significativas de dinero que deben lavarse para ingresar al sistema financiero.

En ese sentido Colombia ha empeorado en los últimos años, prueba de ello, es que, en las últimas encuestas a los ciudadanos colombianos, para ellos, la corrupción se ha convertido en el principal problema de la sociedad y lo más triste es que la percepción de los ciudadanos es que no se ve una mejoría en el futuro próximo en ese sentido.

El hecho de que, en los mayores escándalos de corrupción en el país, como Odebrecht, Saludcoop, etc, por citar solo algunos, la percepción ciudadana de acuerdo con las últimas encuestas es que las personas de mayor renombre (incluso algunas Personas Expuestas Políticamente – PEPs) no han sido judicializadas, y en caso de haberlo sido han salido libres por vencimiento de términos, o que el sistema judicial no ha operado eficientemente lo que genera desconfianza en las instituciones democráticas.

Transparencia Internacional es la entidad a nivel mundial, encargada de calificar el nivel de riesgo de corrupción de todos los países. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2018 publicado por Transparencia Internacional, Colombia aparece en el puesto 99.

Fuente: https://www.transparency.org/cpi2018?utm_campaign=CPI2018&utm_medium=social

Colombia ha desmejorado muchísimo en el Índice de Percepción de la Corrupción en los últimos años:

Puntaje de Colombia

Ranking de Colombia

Fuente: https://www.transparency.org/cpi2018?utm_campaign=CPI2018&utm_medium=social

Por todo lo anterior y como lo planteábamos hace unos días en un articulo titulado: “Investigando corrupción y lavado de activos[4]”, Colombia debe luchar efectivamente contra la corrupción no solo porque es un delito fuente de lavado de activos sino porque la corrupción le ha hecho un daño enorme a la democracia colombiana.

Con relación al soborno, Colombia clasificó en el puesto 67 de 200 países evaluados con una calificación de 45 puntos, según la Matriz de Riesgo de Soborno de 2018[5] de la organización TRACE International. En el siguiente gráfico presentamos la posición de Colombia, la de los cinco mejores países en el control del soborno y la de los cinco peores países:

Fuente: https://traceinternational.org/uploads/matrixfiles/2018/TRACEBriberyRiskMatrixScores2018.pdf

El Informe de Evaluación Mutua del Fondo Monetario Internacional sobre Colombia en relación con el enfoque basado en riesgo decía:

“Los sistemas y herramientas de supervisión antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) no están completamente en línea con el enfoque basado en riesgo”.

Por este motivo, el enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach) debe ser más relevante para todos los involucrados en la lucha LAFT (reguladores y sujetos obligados).

Por todo lo anterior, y para mejorar nuestro sistema antilavado y contra la financiación del terrorismo en Colombia, es necesario llevar a cabo las siguientes tareas:

El Gobierno Nacional debería a través de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) verificar lo más pronto posible la efectividad de la Política Nacional Anti Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo.
Las entidades del Gobierno Nacional (Ministerios, Superintendencias, DIAN, Coljuegos, etc.), deberían verificar la efectividad de la normatividad emitida para que efectivamente mitiguen los riesgos LA/FT y no sea simplemente una normatividad que se debe cumplir. Para este efecto, deberían trabajar conjuntamente con los sujetos obligados.
El Gobierno Nacional debería actualizar lo más pronto posible el documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) No. 3793 de 2013 sobre la Política Nacional Anti Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo para hacerlo más acorde a nuestra realidad actual.
El Gobierno Nacional debería entender lo que significa el Riesgo de Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) en el entorno nacional para luego trabajar conjuntamente con los sujetos obligados en la implementación de la normativa en cada uno de los sectores de la economía.
El Gobierno Nacional debería a partir de la realidad del país, del Acuerdo de Paz firmado con las FARC y del proceso de Postconflicto, entender el desafío que esta realidad origina con el Riesgo de Financiación del Terrorismo.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a pesar del trabajo desarrollado con los reportantes, establecer nuevos programas de capacitación para mejorar la efectividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y dar a conocer nuevas tipologías de acuerdo con la realidad digital y tecnológica en la que nos movemos.
El Gobierno Nacional debería trabajar en normativa relacionada con el conocimiento del beneficiario real y el beneficiario final.
El sistema judicial debería mejorar la efectividad y oportunidad de los juicios pode delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como los procesos de extinción de dominio.
Todos los sujetos obligados en Colombia en materia LAFT deberían implementar una verdadera cultura de riesgo y vencer el mito de que los sistemas de administración de riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo requieren solamente de la implementación de una buena tecnología o de la verificación de los nombres de los clientes o las contrapartes en listas restrictivas. Esta cultura de riesgos debería ser considerada por toda la compañía y no únicamente con los empleados del área de cumplimiento, o del área de auditoria o del área de control interno.
Los sujetos obligados deberían invertir en la gestión de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo para ayudar a comprender los procesos críticos, la estructura y operación de un adecuado gobierno corporativo, los controles internos claves contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, la gestión de riesgos automatizada y mejorada y el monitoreo de actividades sospechosas, todo esto para mantenerse por delante de las expectativas de los organismos reguladores debido a que la principal preocupación de la Alta Gerencia de las compañías debería ser mitigar el riesgo LAFT y no simplemente el cumplimiento de unas regulaciones antilavado y contra la financiación del terrorismo.
Las compañías deberían realizar auditorías de cumplimiento independientes para evaluar los programas LA/FT con respecto a estándares internacionales y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El enfoque de conocimiento del cliente varía de un cliente a otro dependiendo de la exposición al riesgo y de los riesgos LAFT que presentan y, por lo tanto, es necesario llevar a cabo los procesos correctos para determinar si se requiere una Debida Diligencia Mejorada no solo con los clientes sino con todas las Contrapartes que generen un riesgo LAFT.
Por último, un programa eficaz antilavado no solo ayudará a cumplir con las regulaciones, sino que también puede ayudar a detectar otras debilidades potenciales en el proceso operativo de las compañías y aunque mantener este programa es un costo considerable, tener un programa antilavado ineficiente puede ser aún más costoso y generar problemas graves en la reputación de las compañías.