Aseguran que en España hay multitud de bases de datos que se podrían emplear, previa anonimización, para desarrollar mejores políticas públicas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone una reforma en profundidad para implantar una «verdadera» estrategia nacional que facilite a la comunidad investigadora y a otras administraciones el acceso a datos administrativos.
En concreto, la AIReF reclama el diseño de una estrategia nacional para avanzar en la disponibilidad de datos administrativos convenientemente anonimizados, para ponerlos a disposición de la investigación y sin ánimo de lucro, que redunde en el beneficio del interés público, según señala el organismo.
La propuesta de la AIReF pasa por facilitar la explotación de los datos por parte de la propia Administración y de los investigadores para el desarrollo de mejores políticas públicas y por la salvaguarda de la privacidad de las personas.
Tal y como recoge la opinión de AIReF, España cuenta con abundantes registros administrativos personales (de personas físicas y jurídicas) relacionados con multitud de aspectos socioeconómicos, como la salud, la renta de los hogares, el mercado de trabajo, la tributación de sociedades, entre otros.
Sin embargo, señala que actualmente estos datos se encuentran dispersos en diferentes organismos y administraciones que operan a través de sistemas no interconectados, cuya organización está orientada a la gestión de las políticas públicas y no a su análisis y evaluación.
«Salvo en contadas excepciones, ni las administraciones distintas a las que gestionan dichos registros ni la comunidad investigadora tienen acceso a estas fuentes de información», a pesar de que «el acceso a esta información por parte de la comunidad científica y de otras administraciones permitiría una evaluación más rigurosa de las políticas públicas para así mejorar su diseño, efectividad y eficiencia, lo que redundaría en un mayor bienestar social».
Por ello, la AIReF considera necesaria una estrategia nacional para avanzar en la disponibilidad de datos administrativos, instando a regular las condiciones de acceso a la información por parte de la comunidad investigadora y de las propias administraciones e instituciones públicas, así como designar una institución especializada, dedicada a la recopilación, procesamiento, cruce y puesta a disposición de la información procedente de registros administrativos, con plena garantía de la protección de los datos.
En este sentido, la AIReF asegura que la creación de la Oficina del Dato, adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, constituye «un paso en la buena dirección».
No obstante, apunta que, al ser su constitución muy reciente, los detalles de las funciones que llevará a cabo no se conocen lo suficiente como para determinar hasta qué punto podrá responder al conjunto de aspectos que subraya.
La institución designada asumiría la misión específica de facilitar el acceso a los datos, como han hecho los países del entorno y, al estar respaldada normativamente, cree que debería perseguir la estandarización en los protocolos de acceso, responsabilizarse de la difusión de cada conjunto de datos protegiendo la privacidad personal y tener en cuenta el interés público del uso de los datos para tomar las decisiones sobre su acceso.
Para AIReF, también debería encargarse de velar por la creación de un único sistema de registros bajo el que podrían combinarse distintas fuentes de información, así como contar con un comité de autorización independiente encargado de aprobar o denegar las solicitudes de acceso en un plazo razonable.
Añade que la cesión de los datos a través de esta institución se instrumentaría a través de convenios. La AIReF también propone permitir el acceso a los datos recopilados para el ejercicio de evaluación del gasto público o ‘spending review’ para nuevas investigaciones.
