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Es necesario que los poderes extra que han adquirido gobiernos y autoridades en todo el mundo respeten el acceso a la información pública, no sean usados para coartar la libertad de expresión y, en general, garanticen el bienestar social digital.
Las técnicas y tecnologías de rastreo y recolección de datos que están siendo desplegadas para mitigar la expansión del COVID-19 pueden tener profundas implicaciones para el ejercicio de derechos fundamentales, tanto en el ámbito digital, como en la vida fuera de línea.
Una serie de organizaciones en varios países del mundo, entre las que se cuentan la Electronic Frontier Foundation (EFF), han elaborado documentos en los que advierten cómo la recolección masiva de información durante la pandemia puede amenazar las libertades de millones de personas.
Los potenciales peligros se materializan en prácticamente todo el mundo, pero especialmente en donde no hay las capacidades suficientes para ejercer una vigilancia activa sobre qué hacen los Estados y sus autoridades con la información personal de sus ciudadanos. En un país como Colombia, con una larga y probada trayectoria de intromisión de la Fuerza Pública en la vida privada de los ciudadanos, la recolección masiva de datos puede resultar problemática, cuando menos.
De acuerdo con EFF, estos son los puntos que más requieren atención en esta crisis.
Gobiernos alrededor del mundo están demandando poderes extraordinarios de vigilancia, con la esperanza de contener el avance del virus. Pero muchos de estas capacidades serán una invasión a la privacidad e inhibirán la libre expresión, con una carga extra sobre poblaciones vulnerables. Hay tres preguntas que vale la pena preguntarse a la hora de proponer este tipo de acciones: ¿la propuesta funcionará?, ¿será una invasión excesiva de las libertades? ¿hay suficientes salvaguardas?
Muchos de los programas de vigilancia en tiempos de COVID-19 están siendo desarrollados en compañía de corporaciones que ya tienen vastas cantidades de datos sobre los consumidores: es necesario tener nuevas leyes para asegurar la privacidad de la información de los ciudadanos.
La libre circulación de ideas alrededor del COVID-19 es vital. Esto incluye la denuncia anónima (whistleblowing) sobre problemas en los esfuerzos de contención, la crítica en línea de las respuestas de los gobiernos a la crisis y acceso a los medios digitales para quienes están encarcelados, en aras de saber la verdad sobre lo que sucede tras las rejas. Los gobiernos, inevitablemente, abusarán de nuevos poderes para censurar información sobre el virus que clasifiquen como falsa. En la medida en que las plataformas en línea descansan más en la moderación de contenido automatizada (en buena parte porque los moderadores humanos no pueden ir a trabajar), las decisiones que se tomen sobre el contenido deben ser temporales, transparentes y de fácil apelación.
Nuevas tecnologías e ideas pueden ayudar en la respuesta a la crisis sanitaria. Debemos tener acceso libre y abierto al conocimiento científico sobre el virus. Desarrolladores e innovadores deben poder reparar equipos médicos: la innovación abierta en tecnología médica salvará vidas. Debe haber un esfuerzo de los gobiernos centrales para detener la acción de quienes abusan de las patentes, que pueden poner en riesgo vías para las pruebas y tratamiento de COVID-19.
El distanciamiento social ha causado que muchos de nosotros pasemos más tiempo en línea. Pero no todos tienen acceso a internet bajo precios competitivos. Las empresas y los diseñadores de política pública deben redoblar sus esfuerzos para construir una mejor infraestructura de banda ancha para todos.
El proceso de toma de decisiones del Gobierno debe ser transparente. Si bien la respuesta a los pedidos de información pública puede ser más lenta debido a la crisis sanitaria, esta no es excusa para cerrar este acceso.
Es necesario contar con más recursos en línea y mejorar el acceso a libros digitales, por ejemplo. Así mismo, en la medida en la que pasamos más tiempo conectados, es importante que los usuarios conozcan formas y técnicas de protección de su información para poder tomar decisiones informadas sobre, por ejemplo, plataformas de trabajo en internet o evitar ataques digitales que se disfrazan de información acerca del coronavirus.
