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El verano del 2019 pasará a la historia como el momento en que Estados Unidos puso en su punta de mira a las grandes compañías tecnológicas y empezó a cuestionarse si la elevada concentración empresarial en ciertos sectores no ha acabado por perjudicar a sus consumidores, a pesar de que los servicios que ofrezcan sean gratuitos.
La presión legal aumentó ayer varios puntos con la apertura de una investigación antimonopolio a Facebook por parte de una coalición de ocho estados, liderados por la Fiscalía General de Nueva York. Y otra alianza de estados, en este caso de más de 30, anunciará el lunes un expediente similar a Alphabet, la matriz de Google, confirmó ayer la misma oficina después de que adelantara la información el diario The Wall Street Journal.
“Incluso la mayor red social del mundo debe seguir la ley y respetar a los consumidores”, reclamó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado. La investigación, suscrita además por los estados de Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y el Distrito de Columbia, pretende determinar si las prácticas comerciales de Facebook “han reducido la calidad de las opciones que se ofrece a los consumidores o han hecho aumentar el precio de la publicidad online”, además de si han puesto en peligro los datos personales de sus usuarios.
Ambas líneas de investigación podrían converger. Demostrar que las prácticas de esta y otras empresas tecnológicas han perjudicado a los consumidores es más complicado que en otros casos porque muchos de los servicios que ofrecen son gratuitos, pero los escándalos por la violación de las leyes de protección de datos personales (tanto Facebook como Google han sido multadas por este motivo, la red social con 5.000 millones en julio por la filtración masiva a Cambridge Analytica y el servicio de YouTube, con 136 millones esta misma semana por recopilar datos sobre menores) podrían ayudar a demostrar el daño causado, más allá de las conclusiones a las que se llegue sobre el precio de la publicidad online. Los ocho fiscales generales quieren investigar también las adquisiciones de Whatsapp e Instagram por parte de Facebook para aclarar si la red social no se hizo con ellas con el fin de asfixiar la competencia.
La ofensiva legal contra las grandes tecnológicas se recrudecerá el lunes con el anuncio por parte del fiscal general de Texas, Ken Paxton, de una nueva investigación antimonopolio a Google, con especial atención también a sus criticadas prácticas en el sector de la publicidad digital. La investigación está apoyada por más de 30 estados, tanto republicanos como demócratas. “Los servicios de Google ayudan a las personas en su vida diaria, ofrecen elección a los consumidores y apoyan millones de empleos y pequeñas empresas en todo el país”, respondió ayer un portavoz de la empresa.
También Amazon y Apple están en el punto de mira de los reguladores y del Congreso. La presión legal y política contra las grandes compañías tecnológicas empieza a recordar al caso Microsoft de hace 20 años, en el que también fueron los fiscales generales de los estados los que pusieron presión para investigar a la compañía, a la que se acusaba de asfixiar a la competencia en el sector de los navegadores con su programa Internet Explorer, integrado en Windows. Los abogados de las grandes tecnológicas han desempolvado los dossieres de aquel expediente para evitar acabar de la misma manera, la obligación de compartir información con terceras partes para permitirles competir en igualdad de condiciones, además de sanciones, en Europa, por no tomarse en serio las condiciones impuestas.
El escrutinio, que podría extenderse a otras grandes tecnológicas, es una novedad en Estados Unidos, desde donde se acusó de “antiamericanismo” a la Unión Europea cuando empezó a investigar y castigar a sus compañías con multas milmillonarias. Con años de retraso, los reguladores estadounidenses empiezan a hacerse las mismas preguntas que sus colegas europeos en un momento en que circulan con fuerza propuestas políticas mucho más drásticas que las soluciones que pudo aplicar Bruselas: dividir las compañías, desmantelarlas como propone la candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren, para separar sus plataformas de los servicios que ofrecen, de forma que otras empresas puedan competir en igualdad de condiciones.
