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Rosmery Quintero, presidente de Acopi, señala que es un paso hacia la simplificación normativa y fiscal, una propuesta del gremio desde hace un par de años.
La Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) destacó ayer los requisitos del nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que aprobó el Gobierno nacional a través de la resolución 01312 del 13 de febrero de 2019.
Rosmery Quintero, presidente de Acopi, destacó que el sistema es un paso en la flexibilización y para el aligeramiento de las cargas laborales y fiscales, lo que además es una propuesta del gremio desde hace un par de años.
“Este es el resultado de una labor de hace dos años desde que la ley 1072 de 2015 sobre salud ocupacional fue aprobada y no tuvo en cuenta la diferenciación del tamaño de las empresas y la exigencia de que todas respondieran a 62 estándares”, dijo Rosmery Quintero.
Explicó que con la Resolución 01312 del 13 de febrero de 2019, las mipymes ya no tendrán que cumplir los 62 estándares mínimos que se exigían. “Ahora estarán establecidos de acuerdo al número de empleados”, publicó en la red social Twitter la ministra de Trabajo, Alicia Arango.
En la reducción de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se definieron que empresas de menos de 10 trabajadores solamente deben cumplir con siete estándares.
De acuerdo con cifras de Fasecolda, y citadas por el Ministerio de Trabajo, en Colombia existen 575.235 empresas con de uno a 10 empleados.
La resolución también señala que empresas con mínimo 11 empleados y máximo 50 trabajadores tendrán que cumplir 21 requerimientos en seguridad y salud. Y las unidades agropecuarias tendrán tres requerimientos. Para sociedades con más de 50 empleados la exigencia será 62 requerimientos.
Rosmery Quintero agregó que este cambio obligará a las mipymes a que lo vean como una inversión, debe mejorar la productividad y la simplificación empieza a impactar en la cultura empresarial. “Con el ministerio de Trabajo y su división de riesgo hemos llegado a 14 ciudades y el impacto es unas 5 mil empresas. La resolución es más específica en que la ARL tiene que acompañar en la implementación. Es un gran cambio”.
