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La pandemia ha acelerado la penetración de las herramientas digitales para trabajar, divertirse e interactuar socialmente, este salto digital forzado por el confinamiento ha sido un detonante para el uso de la tecnología, pero también ha impuesto una nueva realidad en materia de seguridad digital.
Todos tenemos hoy día una identidad física y una identidad digital, por esta vía, nuestros datos se convierten en activos del mundo digital, y –en Colombia– son objeto de protección legal.
Sin embargo, la misma obligación que tendríamos en el mundo físico sobre la responsabilidad e información sobre decisiones de consumo, acceso y uso a entidades financieras, comercios, etc., se traduce al mundo digital por situaciones como las violaciones de habeas data, que van desde la ausencia de autorización para el uso de información, hasta delitos como la suplantación.
La protección de datos en el ámbito administrativo está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y la prevención y sanción del delito de suplantación en cabeza de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Si bien, el avance de la protección administrativa se ha logrado con herramientas, investigaciones y sanciones, así como la cooperación internacional; no es menos cierto que el aumento de quejas ciudadanas relacionadas con el uso frecuente de aplicaciones y redes, así como de reportes negativos en centrales de riesgo, también aumentaron.
Entre 2019 y 2020 las quejas crecieron casi en un 40% y se impusieron multas por casi $14.000 millones, lo que evidencia la importancia de la protección de los datos personales.
Asimismo, y ante este aumento, se diseñaron canales digitales de denuncia, mecanismos de solución directa ante las reclamaciones como “SICFacilita”, y herramientas preventivas como guías y órdenes, así como investigaciones oficiosas, siendo la última la que involucró a Facebook por una falla masiva de seguridad.
Facebook tiene 533 millones de cuentas y es la red social más utilizada en Colombia, en donde cuenta con 30 millones de cuentas, por esa razón es indispensable actuar rápidamente como lo hicieron varias agencias internacionales.
Sin embargo, en el ámbito penal aún hay mucho camino por recorrer. Durante el periodo 2018 – 2019 el delito de suplantación se incrementó en un 122%, y –de acuerdo con la DIJIN– en comparación entre 2019 y 2020 creció un 409%.
La coordinación y prevención es clave, pero también lo es la responsabilidad ciudadana con el uso de la información, redes, aplicaciones y correos.
Las quejas y denuncias se deben canalizar adecuadamente, primero al comercio, proveedor o entidad financiera y después a las autoridades, bien sea la SIC en lo administrativo, o la fiscalía en lo penal.
El régimen jurídico es suficiente, pero nunca será efectivo sin la precaución e información que nos asiste como ciudadanos responsables.
Andrés Barreto González
Superintendente de Industria y Comercio.
superintendente@sic.gov.co
