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Derecho a la privacidad y cuándo puede un gobierno acceder a mis datos.
Hay una cosa que ya tenemos muy clara, y es que todo lo que hacemos en Internet queda registrado en alguna parte. En la mayoría de los casos, en la nube de las grandes empresas tecnológicas que nos brindan los servicios que usamos en nuestro día a día: correo electrónico, espacios virtuales de trabajo (como Google Drive u Outlook), redes sociales, videollamadas, aplicaciones de mensajería etc. Cuando usamos estas funciones, generamos una serie de datos que se quedan las empresas, que dicen mucho de nosotros, y que pueden ser útiles para una investigación policial o judicial.
Lo vemos con un ejemplo bastante reciente: La renovación de la sentencia Roe vs Wade que protegía el acceso al aborto en Estados Unidos. Este famoso caso tiene relación con nuestra vida en línea, especialmente a raíz de que se viralizase en redes sociales un llamamiento a eliminar las aplicaciones de control menstrual.
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Esto se debió al temor por que se pudiese usar la información registrada en ellas para conocer si una mujer había pasado por un aborto. A raíz del revuelo, varias grandes empresas tecnológicas, entre ellas las empresas tecnológicas más importantes del mundo, advirtieron de que no entregarían datos relacionados con este asunto de sus usuarias.
Sin embargo, esto no es tan fácil de cumplir a rajatabla y de ahí surge una pregunta: ¿Cómo funcionan estas peticiones de datos por parte de jueces o autoridades policiales? ¿Están obligadas las empresas a entregarlos sí o sí a pesar del derecho a la privacidad? ¿Funciona igual en todo el mundo?
los jueces y tribunales de cualquier estado pueden solicitar información mediante un requerimiento judicial, pero tanto el tipo de información, como la forma y los plazos dependerán de cada lugar. Esto, a su vez, es cambiante, ya que si bien es necesario que el tribunal que realiza una solicitud en un país tenga jurisdicción en él, hay veces que se mandan igualmente solicitudes a empresas extranjeras -y estas tienen la opción de contestar o no- y otras en las que existen tratados especiales entre regiones que autorizan estos requerimientos .
Es el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo. En Europa, rige la Convención Europea de Derechos Humanos.
En principio, nuestro derecho a la privacidad prevalece sobre una petición de datos, a menos que haya una justificación sólida de por qué se necesitan. “Dentro de nuestra normativa, vulnerar un derecho fundamental solo puede suceder cuando ‘choque’ con otro derecho fundamental, cuando haya otro bien mayor en juego que necesite protección”, añade una experta en una entrevista para el portal Maldita.es.
De ahí que hablemos de que las empresas ‘batallan’ estos requerimientos cuando les llegan y que no se entreguen los datos en el cien por cien de los casos: “En derecho es indispensable calibrar la proporcionalidad de una medida o, dicho de otra manera, someterlo a ese juicio de ponderación tomando todos los intereses -y, sobre todo, todos los derechos, que entran en juego-. Por tanto, hemos de revisar, en primer lugar, que no haya medidas menos intrusivas para paliar o evitar el daño y, en segundo lugar, que la aportación de los datos sea la mínima imprescindible”, aclara la experta.
Para contextualizar esto, existe un famoso caso de un activista francés que había sido detenido después de que su proveedor de correo electrónico tuviera que entregar su dirección IP a las autoridades suizas. Gracias a este dato, que da información sobre una ubicación de forma aproximada, pudieron localizarle. En el caso del aborto en Estados Unidos, también hablamos de cómo se incriminó a una mujer y a su hija después de que Facebook revelase una conversación que ambas mantuvieron por Facebook Messenger.
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Muchas grandes empresas tecnológicas (estadounidenses en su mayoría) tienen políticas respecto a este tipo de solicitudes. Algunas de ellas establecen que solamente responderán a solicitudes que cumplan todos los requisitos legales, y que recurrirán todas aquellas que no los cumplan. Algunas, además dan datos sobre las solicitudes que reciben, entre ellas Google o Apple, por ejemplo, proporcionan datos en el 80 u 84% de los casos.
Recordemos una cosa, que es el tema de las diferencias entre países y jurisdicciones: en Estados Unidos su legislación permite de manera amplia que las autoridades obtengan información, una tradición que puede derivar de los atentados del 11S, sobre todo para poder acceder a comunicaciones o información de personas extranjeras que supongan un riesgo de seguridad nacional (a partir de la conocida Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, conocida como ley FISA por sus siglas en inglés). Por ejemplo, en EE.UU. no solo pueden solicitar datos jueces y tribunales, sino también autoridades policiales. De ahí que la solicitud de datos pueda ser mayor que en otros países.
Bien, si la solicitud es legal, no pueden negarse. La empresa podrá batallar (recurrir o impugnar, la terminología puede variar) cuando considere que las solicitudes no respetan estos requisitos legales, pero de no prosperar el recurso, tendrán que entregar la información.
FUENTE: Tecnología, Maldita. »Cuándo está una empresa tecnológica obligada a entregar datos que guarda sobre mí a un gobierno» Maldita-es.cdn.ampproject.org. 10/10/2022. (https://maldita-es.cdn.ampproject.org/c/s/maldita.es/malditatecnologia/20221010/empresa-tecnologica-datos-gobierno/?amp).
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